DS(P) nº 38/5 del 26/2/2001

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS):

Buenos días a todos, señoras y señores Procuradores. Se abre la sesión y el señor Secretario procederá a dar lectura al primer punto del Orden del Día.

EL SEÑOR SECRETARIO (SEÑOR AGUILAR CAÑEDO):

Primer punto del Orden del Día: "Toma en consideración de la Proposición de Ley Reguladora de la Iniciativa Legislativa Popular y de los Ayuntamientos de Castilla y León, presentada por los Grupos Parlamentarios Popular y Socialista".

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS):

Antes de iniciar el debate, el señor Secretario procederá, igualmente, a dar lectura al escrito de la Junta de Castilla y León, adoptado por Acuerdo de fecha dieciséis... quince de febrero, en cumplimiento de lo establecido en el Artículo 121.3 de nuestro Reglamento.

EL SEÑOR SECRETARIO (SEÑOR AGUILAR CAÑEDO):

El acuerdo es el siguiente: "Dar su conformidad a la tramitación de la Proposición de Ley reguladora de la Iniciativa Legislativa Popular y de los Ayuntamientos de Castilla y León, aceptada por la Mesa de las Cortes de Castilla y León en la sesión celebrada el pasado día catorce de febrero de dos mil uno, en aplicación de lo dispuesto en el Artículo 121.1 del Reglamento de la Cámara".

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS):

Gracias. Se abre ahora un turno para fijación de posiciones por parte de los Grupos Parlamentarios. En primer lugar, y en nombre del Grupo Mixto, compartirán el turno -me figuro-... ¿quién va a intervenir en primer lugar? Señor Rad, tiene la palabra.

EL SEÑOR RAD MORADILLO:

Gracias, señor Presidente. Señorías. Se somete a la consideración de esta Cámara, cuando se cumple justo hoy el XVIII Aniversario del Estatuto de Autonomía, la Proposición de Ley sobre Iniciativa Legislativa Popular y de los Ayuntamientos de Castilla y León; proposición no por esperada, menos necesaria para las ciudadanas y ciudadanos de nuestra Comunidad, pues no viene sino a dar cumplimiento en nuestro país de una práctica democrática que, reconocida por la Constitución española, está vigente en el conjunto del Estado español desde marzo de mil novecientos ochenta y cuatro, así como en diversas Comunidades Autónomas.

Una de las expresiones más genuinas de la democracia, como es la democracia directa, no tenía ni posibilidad ni cauce en el ejercicio de nuestra reglamentación autonómica.

El hecho de dotarnos de un mecanismo que permita a las opiniones de un número significativo de castellanas y castellanos que alcancen un tratamiento y discusión parlamentarios no es sino alcanzar mayores cotas de libertad y participación, hacer más cercana a la realidad al Parlamento regional, dar salida a las preocupaciones que más directamente afectan a nuestros conciudadanos o a nuestros municipios.

Hasta aquí la plena conformidad de Tierra Comunera con la oportunidad y la necesidad de esta iniciativa legislativa presentada. Una iniciativa que, como cualquiera que afecte al desarrollo de nuestro Estatuto de Autonomía, ha de realizarse siempre desde el diálogo y el consenso con la mayoría de las fuerzas políticas representadas en esta Cámara; posición de diálogo y de consenso a la que no nos hubiéramos negado los nacionalistas castellanos.

Sin embargo, y por razones difícilmente creíbles desde la honestidad política, el posible acuerdo de todos los partidos con representación parlamentaria ha sido abortado por unas negociaciones claramente excluyentes con las minorías; unas negociaciones llevadas a cabo a puerta cerrada y de las que algunos partidos hemos tenido noticias exclusivamente por la prensa. Un acuerdo, firmado y sellado, que supone el desprecio, en la práctica, de las opiniones diferentes y de las sensibilidades particulares de los partidos que componemos el Grupo Mixto.

Un acuerdo para el desarrollo de nuestro autogobierno que ha sido previamente cerrado, antes de ser aprobado por esta Cámara, por... justo por los dos partidos que comparten una visión y una práctica política centralista a ultranza, negadora de la riqueza y el carácter plurinacional del Estado español, y que practican, por acción o por omisión, una política negativa frente a las necesidades de las castellanas y los castellanos.

Y no es sólo una cuestión de procedimiento, es también una cuestión de resultados. Y para Tierra Comunera, esta Proposición de Ley es tremendamente restrictiva de la participación directa de nuestro pueblo, con unas acotaciones que dificultan enormemente su materialización práctica. Un instrumento participativo tan leve como es la iniciativa legislativa popular no debe ser restringido hasta los extremos que aparecen en el texto presentado; texto donde se exige la presentación no sólo de treinta mil firmas, sino además la representación de al menos, con un 1% del censo electoral, de cinco provincias de Castilla y León.

No es fácilmente explicable tanto recelo a la participación popular, si no es desde la óptica de un trabajo parlamentario lento, burocrático y muchas veces alejado de la realidad y de sus protagonistas: las ciudadanas y los ciudadanos de esta Comunidad.

Pero si restrictiva es la iniciativa legislativa popular, todo lo contrario nos parece a Tierra Comunera la iniciativa legislativa de los Ayuntamientos, donde, por un juego de mayorías absolutas, se supone representados a la totalidad del censo municipal; un hecho que se predispone claramente a una manipulación de voluntades y que puede ser utilizado... una fórmula participativa como una simple acción partidista.

Estas objeciones son, para Tierra Comunera, suficientes como para rechazar la toma en consideración de la Proposición de Ley, emplazando a todos los partidos presentes en esta Cámara a la apertura de un proceso de diálogo participativo y transparente, cuyo final sea una ley que suponga un claro avance en el grado de libertad y autogobierno que nos corresponde como nación histórica que somos, con una tradición democrática y participativa que estaba presente ya en las raíces, en nuestras raíces de la Edad Media. Muchas gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS):

Muchas gracias, Señoría. Tiene ahora la palabra el señor Herreros para fijar la posición de su Grupo.

EL SEÑOR HERREROS HERREROS:

Buenos días, señor Presidente. Señorías, señoras y señores. En primer lugar, en nombre propio y en nombre de Izquierda Unida, quiero celebrar el XVIII Aniversario de la existencia del Estatuto de Autonomía de Castilla y León. Y, lógicamente, porque eso significa un hito histórico a todos los efectos que -a pesar todavía de las restricciones, de las limitaciones- dan o encauzan la posibilidad de recuperar definitivamente nuestra identidad, nuestra potencialidad a todos los efectos. Y, lógicamente, es un compromiso que nos ataña absolutamente a todos los ciudadanos y ciudadanas de la Comunidad Autónoma de Castilla y León, y, por eso mismo, yo -que no voy a tener la oportunidad de hacerlo en otro momento- quería hacerlo público aquí y ahora.

En la Constitución, en los Artículos 9º, en el 23º, nos dice, de forma expresa, que tenemos la potestad, la capacidad -incluso sin que estuviese comprendido en el Estatuto de Autonomía de Castilla y León- de ejercer las funciones de participación a todos los efectos. Es más, en el Artículo 23 se cita, de forma expresa, que los ciudadanos y ciudadanas tendrán la oportunidad de actuar en lo que les atañe directamente de forma directa y a través también de la representación parlamentaria, como son las Cortes o como son otro tipo de instituciones.

A esos efectos, en un momento determinado, año noventa y tres, Izquierda Unida hizo una Proposición de Ley, la trajo al Parlamento, no se aceptó, y se planteó -como excusa- que no estaba en el Estatuto de Autonomía.

Más tarde, en el año noventa y nueve, ya con la Reforma del Estatuto de Autonomía, que ya contemplaba la posibilidad de esa iniciativa legislativa popular y de los Ayuntamientos, insistimos nuevamente en una Proposición de Ley. No recuerdo exactamente cuáles fueron las motivaciones, pero he de decir que también sufrió el desafortunado rechazo por parte de la Mesa de las Cortes.

Y hoy nos encontramos con una Proposición de Ley, lógicamente, traída en este caso por las mayorías... y las mayorías parlamentarias -indudablemente que hay que reconocerlas esa calidad, esa categoría-, pero que podían haberla ejercido de forma generosa, precisamente intentando que pudiésemos llegar o haber llegado a un consenso en una materia, precisamente, que habla de la participación ciudadana, que habla de la participación municipal en todos aquellos asuntos que, lógicamente, son de incumbencia para los ciudadanas y ciudadanos de la Comunidad Autónoma.

No ha sido así. A la alegría de celebrar el XVIII Aniversario del Estatuto de Autonomía, a la alegría de que por fin la iniciativa legislativa popular y municipal como Proyecto de Ley esté en estas Cortes, yo no tengo más remedio que añadir la decepción que ha supuesto el que en anteriores ocasiones no se nos haya facilitado esa participación, que incluso posteriormente no haya habido una negociación, que hubiese dado como finalidad posiblemente algunas correcciones que nosotros, mediante las enmiendas parciales, vamos a intentar, porque entendemos de derecho, lo entendemos de justicia.

Señorías, el Artículo 2 es insostenible, a nuestro juicio. Sólo se puede interpretar si se hace desde quien tiene que recibir las firmas y no quien tiene que recoger las firmas. Porque en todas las Comunidades Autónomas ya existe -desde el año ochenta y cuatro, que prácticamente está la Ley básica- la oportunidad de esta iniciativa legislativa popular. Y han sido tres casos contados, en las Comunidades Autónomas de Baleares, en la Comunidad Autónoma de Valencia y en la Comunidad Autónoma de Barcelona, quienes han tenido la oportunidad de conseguir un trámite. Las dificultades son extraordinarias, a pesar -y hay que reconocer las cosas como son- de que, por ejemplo, en Galicia tan sólo sea el 5% de la ciudadanía... de las firmas que han de recogerse para que se pueda hacer una tramitación de esta naturaleza. Nosotros... perdón, del 0,5%.

Nosotros nos vamos al 1,26%, si no he calculado mal: treinta mil firmas suponen en nuestra Comunidad Autónoma; prácticamente una situación difícilmente franqueable, y más que una iniciativa legislativa de participación, parece una carrera de obstáculos. Porque después, cuando se hayan conseguido esas cuotas, resulta que hay una serie de circunstancias, que tiene potestad la Cámara para decir cuáles son elementos tratables, cuáles son asuntos que pueden tomarse en consideración y cuáles no; con lo que no entendemos que tenga que hacerse un ejercicio exhaustivo de esa recogida de firmas en un número tan amplio.

No hablemos de Ayuntamientos: treinta y cinco corporaciones municipales, puestas todas de acuerdo, significan muchas corporaciones.

Señorías, yo les digo una cosa: en estos debates que habitualmente tenemos y que esgrimimos... -y aprovecho la oportunidad porque aquí hay muchos Diputados y Senadores de nuestra Comunidad Autónoma- y esgrimimos, cuando hacemos algún tipo de planteamiento de transferencia de competencias y demás, que nuestra Comunidad Autónoma tiene unas determinadas, unas peculiares, unas singulares connotaciones, tengámoslo nosotros en consideración también, porque, si no, el argumento no es válido para trasladarlo en cualquier proceso de negociación con la Administración General de Estado si aquí no lo tenemos en consideración.

Y nuestra disminución demográfica, nuestra atomización o dispersión municipal exige que se reduzca ese número, si realmente queremos facilitar la participación. Si hoy simplemente queremos poner en marcha una tramitación de un Proyecto de Ley para quedar bien, siendo la última Comunidad Autónoma que toma esta iniciativa, este Proyecto de Ley de Iniciativa Legislativa Popular...

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS):

Señoría, le ruego concluya su intervención, por favor.

EL SEÑOR HERREROS HERREROS:

(Gracias, ahora mismo.) ...y Municipal para que se tome en consideración, siendo la última, no hemos hecho un buen papel.

Creemos que esa queja de que hoy, XVIII Aniversario del Estatuto de Autonomía, la mayor parte de la ciudadanía pasa olímpicamente. Y esto es una responsabilidad que nosotros tenemos; yo también. Pero esa responsabilidad la tenemos que transferir a lo que es facilitar la participación, articular la sociedad de la Comunidad Autónoma de Castilla y León y, por tanto, permitir que haya una corresponsabilidad a todos los efectos. Y eso se haría, al menos, a través de un mecanismos como el que en estos momentos pretendemos tomar en consideración. De lo contrario, será un obstáculo... un obstáculo infranqueable -uno más- que hará muy difícil que se puedan comprometer o corresponsabilizar la ciudadanía de Castilla y León con las instituciones, con el compromiso de cara a esa recuperación definitiva de nuestra Comunidad Autónoma.

Por lo tanto, alegría, pero, por otra parte, decepción. Y espero que en el trámite posterior seamos capaces de llegar a un encuentro, porque, además, lo deseamos quienes desde el primer momento intentamos -año ochenta y tres... perdón, año noventa y tres- que pudiese ponerse en práctica. Gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS):

Gracias, Señoría. Es el turno ahora de don Joaquín Otero.

EL SEÑOR OTERO PEREIRA:

Muchas gracias, señor Presidente. Es la primera intervención en esta Cámara a la cual le voy a poner título -y es que me lo pedía el cuerpo-: "hoy, fiesta del Estatuto, o fiesta en Castilla, y en León luto".

Y dicho esto, vamos a votar, Señorías, en contra de esta Proposición No de Ley que traen ustedes aquí, manifestando que estamos a favor de la iniciativa legislativa popular. Y, por tanto, y consecuentemente con ello, en contra de una iniciativa que coarta la iniciativa legislativa popular, como luego veremos y como luego analizaremos.

Cinco motivos para votar en contra de la Proposición, porque cinco minutos tenemos -si tuviéramos una hora, serían sesenta motivos-:

Motivo número uno. Votaremos en contra porque hoy no es el día para hablar de cosas serias. Hoy podemos hablar del Estatuto, pero no de la iniciativa legislativa popular. Hoy tenemos un Pleno con un carácter un tanto carnavalesco -diría yo-. Hoy, Señorías, les veo distintos, les veo disfrazados; hoy les veo disfrazados de políticos servidores de los ciudadanos de esta Comunidad. Y habitualmente no les veo así; habitualmente les veo de políticos disfrazados, de servidores de sus partidos políticos. Por eso me encuentro un poco extraño; pero entiendo que hoy es carnaval, y eso justifica esta apreciación mía.

(Murmullos.)

EL SEÑOR OTERO PEREIRA:

Segundo motivo por el que votamos en contra de la iniciativa: porque la iniciativa legislativa popular no merece que la mezclen con la conmemoración de un Estatuto por el que los leoneses sentimos vergüenza -no digo desprecio, digo vergüenza, que es distinto-, y no somos los únicos. Recuerden ustedes que el Presidente del Gobierno, don José María Aznar, se abstuvo cuando era Diputado por Ávila y tuvo que votar este Estatuto que hoy ustedes conmemoran, no nosotros; que el actual Ministro de Fomento lo recurrió por inconstitucional; que el Presidente de la Xunta de Galicia, señor Fraga, autorizó -era Presidente de AP en aquel momento- a sus Senadores que votasen en contra de este Estatuto. En definitiva, no somos los únicos los de la UPL, no somos los únicos; muchos más piensan como nosotros, aunque dicen lo contrario porque les interesa.

Tercera razón para votar en contra de esta iniciativa: Porque traen aquí una Proposición de Ley que nace de un idilio un tanto extraño e inconcebible: el idilio que mantiene aquí el PP y el PSOE, convertidos ahora en pareja de hecho. Y tenemos claro que el fruto de ese matrimonio de conveniencia no puede ser bueno para Castilla y todavía menos para León. Vimos el ejemplo ya el otro día, en ese acto adelantado al viernes, ese acto de carnaval adelantado al viernes en Villalar.

De verdad, Señorías, ¿les parece serio consolidar esta Comunidad, vertebrar esta Comunidad resucitando los muertos e invocando a los fantasmas de una batalla sangrienta que, además, perdieron en Villalar? ¿No tenemos cosas mejores... o no tienen ustedes cosas mejores que conmemorar más que una derrota?

Cuarta razón para votar en contra de la iniciativa legislativa popular, que ustedes traen aquí, no de la INICIATIVA LEGISLATIVA POPULAR con palabras mayúsculas.

¿Cómo se puede hablar en la Exposición de Motivos de fomentar la democracia directa, de la participación de los ciudadanos en la vida política para enriquecer el sistema democrático y, al mismo tiempo, negar a los leoneses el derecho a pronunciarse sobre su pertenencia a esta Comunidad? Eso sí es democracia, un referéndum en León es democracia. Esto de aquí es pura hipocresía con palabras mayúsculas.

Quinta razón para votar en contra de esta Proposición de Ley: porque esta Proposición de Ley, en cuanto a su contenido -lo dije al principio-, es una estafa, es un fraude, es un engaño y además, probablemente, inconstitucional.

¿Cómo se les ocurre a ustedes pedir, para que pueda prosperar la iniciativa legislativa, la firma de treinta mil electores correspondientes a la mayoría de las circunscripciones electorales de la Comunidad que representen al menos el 1% del censo electoral?

Quieren decir ustedes que cien mil leoneses, que trescientos mil leoneses no sirven para nada, porque si no votan los castellano-leoneses, si no hay un poco de cada provincia, no cuenta, no vale, no sirve. ¿Pero dónde está el principio de igualdad? O sea, ¿que treinta mil castellano-leoneses pesan más que cuatrocientos mil leoneses, que trescientos mil leoneses? ¡Pero qué tomadura de pelo es ésta! Esto lo han hecho ustedes pensando en León, en contra de León, como es habitual y como siempre; en contra de León, por si acaso en León se nos ocurren iniciativas. No se preocupen, tenemos medios para trasladarlas a esta Cámara. Por eso no se preocupen, pueden ustedes enmendarlo. Pero no es serio. Y lo digo en León, pero tampoco trescientos mil vallisoletanos pueden presentar nada, ni zamoranos, ni salmantinos, como no haya una mezcla de todas las provincias. Pues, miren ustedes, ¿es serio esto?

Y es que, además, vacían ustedes el contenido de la iniciativa, empiezan a quitarle argumentos. Y no puede ser someterse a la iniciativa las materias que no sean de competencia legislativa de la Comunidad. Correcto. Pero a partir de ahí, las del desarrollo básico del Estatuto de Autonomía, ¿por qué?; aquellas que requieran para su aprobación el voto favorable de una mayoría cualificada, ¿por qué?; las que afecten a la planificación económica general, ¿por qué?; las de naturaleza presupuestaria y tributaria, ¿por qué? Al final para qué sirve, ¿para regular las ferias y mercados?, ¿o los animales de compañía? Para eso no nos hace falta. Si la hacen, háganla bien, y si no, no la hagan.

Cinco razones, como les dijo... -ya termino, señor Presidente- como les dije, porque quiero darles una más de propina.

Vamos a votar en contra porque ustedes no creen en la iniciativa legislativa popular. Al contrario, la temen. Porque, miren, si hoy la iniciativa popular de los leoneses estuviera presente, diría no a esta Comunidad y no a este Estatuto que conmemoran. Diría no, porque lo único para lo que ha servido es para tratar de anular la identidad de León y para situar a León en la cola del desarrollo económico de esta Comunidad y de España.

En los últimos días hemos conocido dos Informes: el de la Fundación de las Cajas de Ahorro: La economía leonesa es la tercera que menos creció en España desde el año ochenta y cinco; y el del BBVA: el Valor Añadido Bruto de León pasó, desde que se constituyó esta Comunidad, puesto veintisiete en el que estaba León al puesto cuarenta y seis hoy, a la cola de España. Y porque ahora sabemos...

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS):

Señoría, le ruego vaya concluyendo la intervención.

EL SEÑOR OTERO PEREIRA:

(Termino, ya señor Presidente.) ...y porque ahora sabemos que no sólo el pueblo leonés, también hoy el pueblo zamorano diría no a esta Comunidad que le ahoga y que le asfixia. Y, si no, pregunten ustedes a los miles de zamoranos que salieron a la calle hace solamente unos días en contra, precisamente, de la política que hacen en esta Cámara y en esa Junta de Castilla y León.

En definitiva, y termino -tranquilo, señor Presidente-, tampoco nos preocupa especialmente todo esto que puedan aprobar ustedes aquí, porque va a tener una vigencia de dos años. Creemos posible -más que posible, probable- que en esta Cámara no haya mayorías absolutas dentro de dos años y medio, y que para gobernar esta Comunidad Autónoma estos tres Procuradores -que serán más- tengan que opinar y tengan mucho que decir, y entre otras cosas diremos que la iniciativa legislativa popular tenga una ley como se merece, y no este fiasco y no esta chapuza.

Hoy nosotros, por cierto, Señorías, sí tenemos algo que celebrar. Hoy, veinticinco de febrero del dos mil uno, cumplimos en la UPL diez años de existencia. Hace diez años que hemos nacido, y de verdad, Señorías, aunque sea con agua, yo voy a brindar por León, por la UPL y por un León sin Castilla, que es lo que nos merecemos y lo que ustedes han conseguido que nos merezcamos. Muchas gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS):

En nombre del Grupo Parlamentario Socialista, concedemos la palabra a su Portavoz, José Francisco Martín Martínez.

EL SEÑOR MARTÍN MARTÍNEZ:

Gracias, señor Presidente. Señorías, en primer lugar, me gustaría transmitir, en nombre del Grupo Parlamentario Socialista, al Gobierno Regional el pesar por el fallecimiento de don Pablo Ibáñez, Interventor General de la Junta de Castilla y León, compañero y amigo personal.

En relación a la Proposición de Ley objeto del debate, quiero transmitir la satisfacción del Grupo Parlamentario Socialista y la del conjunto del Partido Socialista Obrero Español de Castilla y León por intervenir hoy en esta sesión en defensa de la toma en consideración de la Proposición de Ley que pretende establecer y regular la iniciativa legislativa popular y de los Ayuntamientos de Castilla y León.

Nuestra satisfacción está basada fundamentalmente en tres razones:

La primera es que hoy celebramos el XVIII Aniversario de la aprobación del Estatuto de Autonomía. No quiero extenderme aquí en la importancia que esta fecha supone para todos nosotros. Seguro que el propio Presidente de las Cortes incidirá en relación a esta circunstancia en su Discurso Institucional.

No obstante, no quiero dejar pasar la oportunidad de hacer una escueta referencia al hecho de que nuestra Comunidad Autónoma está en el proceso de alcanzar la mayoría de edad, y que en este momento se inicia una nueva etapa en la que, cerrándose el desarrollo de las modificaciones estatutarias mediante la aprobación de las normas como la que hoy defendemos y con la asunción de las últimas competencias en materias tales como políticas activas de empleo, justicia o sanidad, nuestra Comunidad Autónoma dejará de ser una Comunidad de segunda o de vía lenta, para pasar a ser una Comunidad con las mismas cuotas de autogobierno y autonomía que aquellas otras regiones que accedieron a su autonomía a través del Artículo 151 de la Constitución.

En segundo lugar, resaltamos como motivo igualmente de satisfacción el hecho de que la presente Proposición de Ley haya sido firmada por los dos Grupos Parlamentarios mayoritarios en la Cámara. Y aprovecho este momento para hacer una llamada expresa a los componentes del Grupo Mixto, instándoles para que se unan a este acuerdo a lo largo de su tramitación parlamentaria, para que se sumen a esta propuesta conjunta -que esto es esta Proposición de Ley- de la iniciativa legislativa popular y sea aprobada por unanimidad de las Cortes de Castilla y León.

Entendemos que solamente mediante el acuerdo y el consenso de las fuerzas políticas, de los representantes de todos los ciudadanos de Castilla y León sin exclusión, es posible encarar temas de tan gran calado para el desarrollo de nuestro... de nuestra Comunidad en todos los sentidos, como en su día lo fue la propia reforma del Estatuto, como en estos momentos lo están siendo las proposiciones de ley que tienen su origen en dicha reforma, y como esperamos que lo sea en el futuro todas aquellas actuaciones y decisiones con un peso decisivo y estratégico en el desarrollo social, económico y político de Castilla y León.

En este sentido, señoras y señores Procuradores, no puedo sino hacer un nuevo llamamiento a todas las fuerzas políticas con representación parlamentaria para que se realice un esfuerzo sin límites de cara a la consecución de lo que a nuestro juicio serían los tres grandes objetivos de acuerdo político en esta Legislatura.

En primer lugar, que no se vuelva a repetir nunca el hecho de asumir alguna de las competencias pendientes sin el acuerdo unánime de todas las fuerzas políticas representadas en la Comisión Mixta de Transferencias.

En segundo lugar, que se llegue a una posición regional común en la negociación con otras Administraciones en elementos que marcarán con carácter, en algunos casos... en muchos casos, con carácter definitivo, el futuro de la Comunidad Autónoma, como por ejemplo la financiación autonómica.

En tercer lugar, por fin, que todas aquellas normas que tienen una gran vocación de futuro, por su carácter fundamental de garantizar la estabilidad a los sectores a los que van dirigidos, como la regulación de las Cajas de Ahorro de Castilla y León, o la Ley de Gobierno y Administración, y, por supuesto, las Directrices de Ordenación Territorial, que van a condicionar en el futuro la actuación de todos los sectores de la Administración a lo largo del territorio, no sean este tipo de normas, en ningún caso, el resultado de una iniciativa exclusivamente partidista, y no sean aprobadas con el apoyo de únicamente uno de los Grupos Parlamentarios, sino que sean la consecuencia de un amplísimo consenso que garantice, precisamente, la continuidad y la estabilidad, independientemente de los avatares y cambios políticos y de la propia composición de esta Cámara, que, sin duda, se producirán en el futuro.

Por último, y centrándome ya en la Iniciativa Legislativa Popular y de los Ayuntamientos, quiero mostrar una vez más nuestra satisfacción porque sea precisamente esta Proposición de Ley la que es sometida a su toma en consideración en esta sesión tan especial. Así lo hemos elegido los Grupos Políticos, porque creíamos que precisamente en esta sesión debía presentarse aquella de las normas... de las normas pendientes que más directamente influye en uno de los fundamentos de nuestro sistema democrático recogido en la propia Constitución, y por supuesto en el Estatuto, y que consiste en profundizar en los mecanismos de democracia directa del conjunto de los ciudadanos de la Comunidad de forma complementaria a todos aquellos medios ya existentes en la actualidad, que permiten la participación a través de la democracia representativa, de la cual nosotros... nosotros mismos somos los máximos exponentes.

Esta Ley, en lo que a la iniciativa popular se refiere, pone en manos de todos los ciudadanos un instrumento que permite canalizar determinadas propuestas de carácter regional -y subrayo lo del carácter regional-, enriqueciendo el sistema democrático, para que, al final, sean las propias Cortes de Castilla y León las que las incorporen en su producción normativa, tras el proceso legislativo correspondiente.

Se abre así un camino para que los ciudadanos de Castilla y León, directamente, sólo con su firma y cumpliendo unos mínimos requisitos, puedan trasladar al Poder Legislativo determinadas inquietudes, problemas y propuestas de solución, obligando a este Hemiciclo a debatir sobre las mismas, sobre todas ellas; y, en última instancia, a mandatar a la Junta de Castilla y León para que ponga en marcha las actuaciones necesarias para corregir esas situaciones.

Pero si la iniciativa legislativa popular es importantísima, tan importante es para el Grupo Parlamentario Socialista el otro componente que incorpora la Proposición de Ley, aquella referida a la iniciativa de los Ayuntamientos, permitiendo con esta Proposición de Ley a los dos mil doscientos cuarenta y ocho Ayuntamientos existentes en la Región como lo que son, como Administración más cercana a los problemas diarios de los ciudadanos de Castilla y León, plantear ante estas Cortes, para su tramitación parlamentaria, propuestas específicas para aquellos problemas concretos que quizá, desde la lejanía que en esta Comunidad Autónoma existe con respecto a la política regional, no hayamos sido capaces nosotros mismos de evaluar en su verdadera trascendencia, o de identificar las soluciones más eficaces y eficientes. En definitiva, para garantizar lo que no puede ser más que nuestro objetivo: mejorar la calidad de vida de todos nuestros conciudadanos.

Se da con esta posibilidad de iniciativa por parte de los Ayuntamientos un primer paso en la tan deseada y a veces tan malentendida descentralización; paso que, no obstante, quedaría cojo si no va acompañado de la puesta en marcha de otros mecanismos que permitan, además de la identificación de los problemas y la adopción de soluciones para los mismos -como se plantea en esta norma-, la posibilidad de que sean estas mismas Administraciones más cercanas a los ciudadanos las que puedan adoptar y gestionar, a fin de cuentas, cuantas... las medidas necesarias.

Termino reiterando la oferta al Grupo Mixto para que se incorpore a esta Propuesta conjunta, y emplazando al conjunto de la Cámara para proseguir, tras el camino abierto por esta Proposición de Ley, en la búsqueda del acuerdo y el consenso en todos aquellos temas donde la existencia de una única voluntad regional es, a juicio del Partido Socialista de Castilla y León, imprescindible para garantizar la mayoría de edad de esta Comunidad en los hechos y no sólo en las fechas. Muchas gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS):

Muchas gracias, Señoría.

Por último, tiene la palabra, en nombre del Grupo Parlamentario Popular, su Portavoz, don Juan Vicente Herrera.

EL SEÑOR HERRERA CAMPO:

Muchas gracias, Presidente. Señoras y señores Procuradores, el Grupo Parlamentario Popular va a votar a favor de la toma en consideración de la Proposición de Ley reguladora de la Iniciativa Legislativa Popular y de los Ayuntamientos de Castilla y León.

Para el Grupo Parlamentario Popular es un motivo de profunda satisfacción que en torno de esta Proposición de Ley se congreguen y se concentren ya hoy, comprometidos desde esta tribuna, los apoyos parlamentarios que no solamente aseguran que después de su tramitación esta Proposición va a convertirse en ley autonómica, sino que también reproducen -y esto me interesa especialmente significarlo- el consenso político, el acuerdo parlamentario que hace ahora dos años permitió a esta Cámara reformar el Estatuto de Autonomía de Castilla y León en una línea de profundo desarrollo autonómico; en una línea que permitió, entre otras instituciones de autogobierno, incorporar, precisamente, las posibilidades que hoy empezamos a desarrollar legislativamente. Y que también, en el ámbito de las competencias materiales que puede ejercer nuestra Comunidad Autónoma, es precisamente un momento muy oportuno para que hoy mismo comiencen -y hay que subrayarlo y hay que celebrarlo- las negociaciones técnicas que incorporarán al ámbito de competencias de nuestra Comunidad una de las más directamente queridas, sentidas y necesitadas por los ciudadanos y por sus familias, como es la gestión de la asistencia sanitaria de la Seguridad Social, poniéndose así, y de esta manera, de manifiesto la realidad, la proximidad y el interés directo que estas cuestiones... que estas cuestiones tienen más allá de los propios debates políticos y parlamentarios para esos propios ciudadanos.

No es el momento, Señorías, de establecer aquí las bases de lo que es una antigua discusión acerca de la compatibilidad o incompatibilidad entre la democracia representativa y la democracia no representativa o la democracia directa. Lo que sí que me atrevería a afirmar, a la vista de alguna de las intervenciones producidas en esta Tribuna, que lo que desde el Grupo Parlamentario Popular siempre con orgullo vamos a defender es la radical incompatibilidad con cualquier fórmula auténtica de democracia del intento reiterado por algunas fuerzas de intentar monopolizar, de intentar utilizar el nombre o la representación de una parte de esta Comunidad Autónoma en demérito y en desprecio de los demás fuerzas... de las demás fuerzas políticas y los demás partidos políticos que también, legítimamente, nos podemos considerar aquí representantes -porque representantes existen en los demás Grupos Parlamentarios- de esas partes y de esas provincias de la Comunidad Autónoma.

Por lo demás, yo creo que la Constitución española de mil novecientos setenta y ocho dejó perfectamente claro que democracia representativa y democracia directa no son, de ninguna manera, incompatibles. Que la segunda, la democracia directa, la democracia no representativa puede perfectamente complementar a la primera, pero que, en ningún caso, puede suplir unos mecanismos de representación que determinan que, en virtud de la propia Constitución, la soberanía resida en el pueblo y que sean las Cortes Generales las que representen a ese pueblo.

De la misma forma, la propia Constitución establece unos mecanismos institucionales autonómicos en virtud de los cuales el poder y la representación giran en torno a las Asambleas Legislativas, al Presidente del Consejo de Gobierno y a ese propio Consejo de Gobierno.

Es en base de esa propia Constitución que hoy estamos desarrollando, que hoy estamos reconociendo lo que en el Artículo 16.2 de nuestro Estatuto de Autonomía, reformado -como digo- hace dos años, se recogía como una posibilidad, como una tercera y una cuarta vía de interpretación y de intervención y de participación en el proceso de elaboración de las leyes.

Porque junto con las iniciativas del Gobierno Regional y junto con las iniciativas netamente parlamentarias de los propios Procuradores o de los Grupos Parlamentarios, se reconoce hoy, en la norma que empezamos a tramitar parlamentariamente, la posibilidad de que esa iniciativa legislativa la tengan los ciudadanos de la Comunidad Autónoma y también los Ayuntamientos de la Comunidad Autónoma. En esa misma línea estamos, por lo tanto, poniendo en marcha instrumentos de participación en el proceso de elaboración de las leyes, mecanismos de democracia directa perfectamente compatibles con la democracia representativa y parlamentaria que nosotros representamos.

Por lo demás, Señorías, el contenido, la estructura y la formulación de la Proposición de Ley son muy sencillas. En su Artículo 1 se atribuye esa iniciativa, y se establece que corresponde, en primer lugar, a los ciudadanos y a las personas mayores de edad que teniendo el carácter y la condición política de ciudadanos de Castilla y León estén inscritos en el censo electoral y, en segundo lugar, a los Ayuntamientos establecidos también en el territorio de nuestra Comunidad Autónoma.

El Artículo 2 desarrolla los requisitos de la iniciativa popular. Y, frente a lo que aquí se ha dicho, los... las personas y los Grupos Parlamentarios que hemos trabajado sobre este proyecto creo que hemos sido muy moderados en la ponderación del porcentaje de firmas exigidas. Piénsese que, efectivamente, en el Derecho Autonómico Comparado esa exigencia oscila entre el 0,56 en el caso de Galicia y el 2,26 en el caso de La Rioja. Nosotros hemos optado por una fórmula media de treinta mil firmas, que viene a equivaler aproximadamente al 1,22 de la población de Castilla y León. Piénsese que la propia Constitución y su desarrollo a través de ley orgánica, en cuanto a la iniciativa legislativa popular se refiere, estableció la necesidad como mínimo de quinientas mil firmas, que vienen a suponer un 1,25% de la población española. Por lo tanto, frente a lo que aquí se ha dicho, nos hemos situado en una franja absolutamente moderada.

Y, además, hemos establecido, con plena legitimidad y con pleno orgullo, que esas firmas sean representativas de al menos cinco de la mayoría de las provincias de la Comunidad Autónoma. No se vea en esto ninguna forma de coartar iniciativas. Véase en esto el impulso y la responsabilidad que nos compete a las fuerzas políticas comprometidas con el futuro de esta Comunidad Autónoma de que estos instrumentos de iniciativa legislativa se utilicen en cuestiones de interés para todos, de interés común, de interés para la Comunidad Autónoma.

En segundo lugar, el Artículo 3 establece cuáles son los requisitos en relación a los Ayuntamientos. Y teniendo en cuenta un censo municipal de dos mil doscientos veintiocho Ayuntamientos, la exigencia de treinta y cinco Ayuntamientos, Acuerdos Plenarios de esos Ayuntamientos, o de al menos diez, siempre que concentren al menos esos treinta mil electores en la Comunidad Autónoma, no nos parece, de ninguna manera, ninguna traba ni ningún obstáculo para el ejercicio de esas competencias municipales.

El Artículo 4, en concordancia con lo establecido en la Constitución, delimita el ámbito de posibilidades de la iniciativa legislativa. Efectivamente, ésta debe circunscribirse a lo que son competencias de la Comunidad Autónoma, pero no puede, lógicamente, abordar cuestiones de desarrollo básico de la Comunidad, cuestiones que incidan en el planeamiento económico general o en materia de carácter tributario o de carácter económico, o, en definitiva, aquellas que signifiquen cuestiones fundamentales en la organización institucional o territorial de la Comunidad Autónoma.

Los artículos subsiguientes establecen las competencias de la Mesa de las Cortes en la calificación técnico-jurídica de las iniciativas que se presenten.

Por lo que se refiere específicamente a la iniciativa legislativa popular, para mayores garantías se establece la intervención de la Junta Electoral de Castilla y León en la comprobación de la legitimidad y de la legalidad y de la ortodoxia en la forma de recabar las firmas de apoyo a las mismas. La tramitación será a consecuencia de la estimación, de la misma manera que se está produciendo en este momento una Proposición de Ley, en la misma forma establecida por el Reglamento de las Cortes para las Proposiciones de Ley.

Y finalmente, la propia norma desarrolla un criterio y un mecanismo de compensación de aquellos gastos que se justifiquen por las comisiones promotoras de estas iniciativas.

En resumen, Señorías, creo que hoy, de forma muy oportuna, en la conmemoración del XVIII Aniversario de nuestro Estatuto de Autonomía, damos un nuevo paso en el desarrollo de una Institución de autogobierno. Un paso que va a venir acompañado, y que lo está también en los trabajos que ya tenemos muy adelantados, por completar lo que son también otras instituciones, otras instituciones de autogobierno, como van a ser el Consejo Consultivo y el Consejo de Cuentas, que han de realizar, el primero de ellos, sus tareas y sus competencias como principal, como órgano superior consultivo de la Comunidad Autónoma y, el segundo de ellos, como órgano de control, como órgano de control externo de la gestión económica, de la gestión presupuestaria, de la gestión financiera, de la gestión contable de todas las Administraciones de Castilla y León.

Es, precisamente por ello también, un momento muy oportuno para que desde el Grupo Parlamentario Popular tengamos un recuerdo respetuoso a la memoria de quien hasta ayer ha sido el máximo responsable de un servicio administrativo de la Junta que, sin duda alguna, goza de merecido prestigio, como es la Intervención, que ejercita el control interno de lo que es la gestión económica y financiera. Pablo Ibáñez, cuya pérdida es, desde mi punto de vista, una pérdida irreparable, desde el punto de vista personal y también desde el punto de vista profesional.

Y finalizo significando que de la misma manera que manifestábamos nuestra satisfacción porque en esta Proposición de Ley concurren en este momento esos apoyos parlamentarios, esos apoyos de consenso de esas fuerzas que supieron prescindir quizá de aspectos concretos de su programa para dar un impulso y un apoyo a la reforma del Estatuto de Autonomía hace ahora dos años, y que de nuevo dan ese ejemplo para significar que esta Proposición es también una propuesta abierta. Porque, Señoríos... Señorías, lo que aprobamos hoy es la toma en consideración, el comienzo de la tramitación parlamentaria. Y significamos que vamos a estar muy abiertos a lo que pueden ser propuestas concretas de mejora de esta iniciativa -una iniciativa que ya tiene cuerpo parlamentario-, y de la misma manera lo estaremos en las demás leyes de desarrollo institucional.

Ésta es la posición del Grupo Parlamentario Popular. E indudablemente, en un esfuerzo, en una contribución y en un compromiso de futuro con Castilla y León, va a votar a favor de la Toma en Consideración de esta Proposición de Ley. Muchas gracias.

(Aplausos.)

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS):

Muchas gracias, Señoría. Concluido el debate, procedemos a la votación. ¿Toman Sus Señorías en consideración o no la Proposición de Ley que acaba de ser debatida? ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones?

Resultado de la votación. Votos emitidos: ochenta y uno. Votos a favor: setenta y seis. Votos en contra: cinco. Abstenciones: ninguna. En consecuencia, queda aprobada la Toma en Consideración de la Proposición de Ley por la que se regula la Iniciativa Legislativa Popular y de los Ayuntamientos de Castilla y León, que la Mesa de las Cortes trasladará a la Comisión correspondiente, abriéndose el plazo reglamentario para la presentación de enmiendas.

Pasamos al segundo punto del Orden del Día. Señor Secretario.

EL SEÑOR SECRETARIO (SEÑOR AGUILAR CAÑEDO):

Segundo punto del Orden del Día: "Discurso Institucional del Excelentísimo señor Presidente de las Cortes de Castilla y León".

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS):

Excelentísimo señor Presidente de la Junta de Castilla y León, Excelentísimo señor Ministro del Gobierno de España, Señorías, dignísimas autoridades, señoras y señores.

Tengo el privilegio de poder dirigirme de nuevo a ustedes en otro Aniversario de la Promulgación de nuestro Estatuto de Autonomía. Pero sucede que no es ésta una celebración cualquiera, una conmemoración más, sino, precisamente, la que corresponde al transcurso de dieciocho años desde que el Rey, Juan Carlos I de España, sancionara la correspondiente Ley Orgánica 4, de mil novecientos ochenta y tres, mediante la firma -puesta en el Palacio de la Zarzuela- y en uso de la atribución que le confiere a la Corona la Constitución, haciendo saber a todos que la vieren y la entendieren que las Cortes Generales la habían aprobado.

Conforme a la lacónica declaración del Artículo 12 de la Constitución: "los españoles son mayores de edad a los dieciocho años", de suerte que si comparamos la primera norma de nuestro corpus jurídico castellano y leonés con una persona física, estamos de algún modo afirmando que el Estatuto, hace dieciocho años en vigor, cumple en esta fecha su mayoría de edad, con todo lo que ello significa de atribución de mayores derechos y asunción de correlativas obligaciones.

Si Estatuto deriva del verbo "estar" y éste, a su vez, del verbo latino stare, que para Covarrubias "en rigor vale estar en pie", convengamos en que nuestra primera Ley Orgánica no sólo permanece en pie, sino que está plena de vigor en su aplicación y desarrollo, habiendo alcanzado, por tanto, su madurez.

Bien es verdad que dieciocho años en una historia secular son un suspiro. Y para ello sólo tenemos que volver al Preámbulo, donde se nos recuerda que con el Estatuto, Castilla y León "recuperó su máximo órgano de representación: las Cortes", que siendo Institución tan vetusta, sin embargo permaneció disuelta o, si ustedes lo prefieren, inexistente durante algunos siglos.

Ahora, al estrenar nuevo siglo, hemos de recordar que en ocasión similar, en los albores de la decimocuarta centuria, la vallisoletana Reina regente María de Molina, con el fin de asegurar la corona de su hijo Fernando IV, que en aquel año de 1301 fue declarado mayor de edad, convocó Cortes en Zamora para los dominios del viejo Reino Leonés y en Burgos para los Procuradores de los territorios castellanos.

Traigo a colación tales conmemoraciones, porque ya entonces, cuando se iniciaba el fructífero siglo XIV, los Procuradores reunidos en Burgos, entre otras cuestiones relevantes para la buena gobernación de aquellos dominios, pidieron a la soberana Reina que nunca más volviese a convocar por separado a los representantes de León y de Castilla. Tal pretensión obtendría cumplida respuesta al año siguiente en Medina del Campo.

Setecientos años, pues, desde que la representación popular evidenciase ya una conciencia de unidad pidiendo a la Corona que, de hecho y de derecho, ejercitase la unidad jurídica e institucional de lo que hoy representa esta Comunidad Autónoma de Castilla y León.

Tampoco quisiera olvidar que, precisamente, por estas fechas se cumplen cuatro siglos desde la llegada a estas tierras de la Corte de Felipe III, convirtiéndose Valladolid en la capital política de la monarquía, cuando Sevilla era la capital empresarial y Salamanca continuaba siendo la capital cultural del Reino.

Pero volviendo al Estatuto, los pocos años pasados desde su promulgación han sido, no obstante, decisivos en la construcción del Estado y de nuestro Autonomía. Por eso me parece adecuado, o cuando menos sugerente, recordar el contexto sociopolítico histórico en que se produjo la aprobación de nuestro Estatuto de Autonomía.

En aquel febrero de mil novecientos ochenta y tres existían ya problemas de Estado, y algunos, lamentablemente, continúan.

Por ceñirme a los que puedan englobarse con el nombre de "cuestiones territoriales", Marruecos reclamaba, una vez más, las españolas ciudades de Ceuta y Melilla, el terrorismo vasco, amparado en una pretendida soberanía, arreciaba, y los líderes de los partidos nacionales ya advertían que no se podía negociar la paz sentándose con quienes portaban pistolas. El líder catalán de un Partido Nacional ya desaparecido -Pujadas, del CDS- sostenía públicamente que íbamos hacia un Estado federal.

Como ven ustedes, nada nuevo en este febrero, porque, después de dieciocho años, Marruecos sigue reivindicando periódicamente las dos ciudades inequívocamente españolas en territorio de África. Se continúa matando, so pretexto del derecho a la autodeterminación de Euskadi, y ahí está el último atentado del pasado jueves de la banda terrorista ETA, que, como todos otros, desde aquí enérgicamente condenamos. Y algún otro catalán notable defiende ahora también la España federal.

Sin embargo, el gran debate de aquel febrero de mil novecientos ochenta y tres fue sobre la Ley del Aborto, que acababa de aprobarse. Y la noticia de mayor impacto público, coincidente con la fecha de aprobación de nuestra norma, fue, sin duda, la expropiación del holding RUMASA.

¿Hemos avanzado desde entonces en la construcción, ordenación y desarrollo de nuestra Comunidad? De todos son conocidos los problemas y dificultades surgidos en provincias como Segovia y León a la hora de delimitar el ámbito territorial de esta Comunidad. Ello, unido a otros contratiempos como el retraso en la presentación del proyecto o la disolución de las Cámaras con motivo de las Elecciones Generales a celebrar en mil novecientos ochenta y dos, determinó que junto al nuestro quedasen por aprobar los Estatutos de Extremadura, Baleares, Madrid y los de las ciudades de Ceuta y Melilla.

Pues bien, paradójicamente, nuestra Comunidad, histórica como ninguna, fue la última en acceder al autogobierno, al aprobarse en último lugar nuestro Estatuto de Autonomía, lo que ha hecho que no hace mucho tiempo definiera el Presidente de la Academia de la Historia Venezolana como "vino joven en odre viejo": ideas nuevas para recuperar una Institución de las más antiguas de Europa.

Afortunadamente, todos aquellos problemas nos parecen ya distantes y están hoy superados o, cuando menos, rigurosamente encauzados, habiéndose alcanzado la consolidación y vertebración definitiva de esta Comunidad, y a punto estamos de conseguir el pleno desarrollo estatutario.

Pero este recorrido cronológico y sumario que acabo de hacer quedaría incompleto si no evocara los hitos que han jalonado la andadura de nuestra primera norma. Por ello, me parece ocasión apropiada para recordar, siquiera sea brevemente, algunas de las afirmaciones que tuve la oportunidad de hacer en ediciones anteriores a esta misma celebración desde que accedí, hace ya casi diez años, a la Presidencia de esta Cámara. Y así, cuando en mil novecientos noventa y dos nos reuníamos en San Marcos, de León, transcurridos nueve años desde la aprobación de nuestra norma básica, me permitía sostener: "Ya se ha consolidado un sistema de Gobierno y unas Instituciones en las que no había experiencia ni fe por parte de muchos". Y afirmaba algo que durante todos estos años ha venido constituyendo para mi una permanente obsesión, que Castilla y León "mantuviera sus ojos en la nueva Europa que se estaba construyendo: la Europa de las Regiones".

En la Iglesia de San Pablo, en mil novecientos noventa y tres, insistía en que nuestra Comunidad Autónoma aspira a integrarse en pie de igualdad con otras Comunidades del Estado en el futuro espacio político de la Europa unida, rechazando las desigualdades que implicasen privilegios y aspirando a una ampliación de competencias hasta el máximo posible. Se trataba de desarrollar el Estatuto. Y hoy día, con la aprobación de esta iniciativa Legislativa Popular que ha sido tomada en consideración en este Pleno, sólo nos queda, para alcanzar el pleno desarrollo del Estatuto, la creación de los nuevos órganos de autogobierno como son, o pueden ser, los Consejos Consultivos y de Cuentas, cuyos anteproyectos, por otra parte, están prácticamente ultimados, y así como la asunción plena de competencias en materia de sanidad, que también está en marcha.

Fue en San Ildefonso de Zamora, en mil novecientos noventa y cuatro, donde pude glosar por primera vez una importante reforma estatutaria para elevar nuestro techo competencial, que había sido aprobada por el Congreso de Diputados por la práctica unanimidad. Y me permitía interesar una política de turismo que nos reportaría tangibles beneficios, como ha sucedido después, al ser nuestra Comunidad una de las más visitadas de España.

En este contexto, la celebración el año venidero de la Capitalidad Europea de la Cultura en la ciudad de Salamanca, junto con Brujas, constituye un legítimo orgullo para un castellano y leonés que se siente salmantino, y permite abrigar las mayores esperanzas no sólo sobre la atracción universal de la ciudad salmantina designada, sino sobre otras ciudades y lugares de esta Comunidad a la que por derecho y vocación pertenece aquélla.

En mil novecientos noventa y cinco aludí por primera vez al problema de la Sede definitiva de las Cortes, que celebro hoy esté ya en vías de solución, por la expresada voluntad inequívoca de esta Cámara para que, en su momento, se establezca con la holgura necesaria en la Villa del Prado de Valladolid.

Entonces era la ocasión para recordar la llamada "Constitución de Ávila", porque en el abulense Monasterio de Santo Tomás de los Padres Dominicos conmemorábamos aquel XII Aniversario. Se llamó así aquel documento que, como saben ustedes, elaboraron los comuneros, que prohibía taxativamente a los representantes de las ciudades el recibir del Rey ningún tipo de merced o prebenda, y no permitía al Monarca nombrar libremente corregidores, si no fuera entre los que las ciudades le propusieran. Y es que, como entonces dije, y en expresión que desde luego continua vigente y debemos evocar cuantas veces sean precisas, "no somos nosotros los señores del pueblo, sino sus servidores".

El XIII Aniversario, celebrado en el noventa y seis en el Palacio de los Condestables de Burgos, sirvió a esta Presidencia para desplegar claramente su sentir autonómico y la forma cómo entiende la vertebración de nuestra Comunidad, así como las políticas precisas para la... para alcanzar el máximo marco competencial, que era y es nuestro reto y nuestro compromiso. Hablé entonces, con palabras de José Luis de los Arcos, de "regionalismo sano, auténticamente español, mucho más español a veces que ciertos españolismos no regionalistas". Y si enfatizo la palabra "sano" es en contraposición al insano, que desgraciadamente existe, y porque, forjado este regionalismo por nosotros los castellanos, debemos tener presente que históricamente se nos consideró "hombres honrados y sin malicia". Así lo reconoce literalmente Francisco Rico al comentar ese pasaje del Quijote en que se habla de "los sanos de Castilla".

Con la vuelta en el noventa y siete a este Castillo de Fuensaldaña se cerraba un primer ciclo de itinerancia por las nueve capitales de la Comunidad. En aquella ocasión puse especial acento en la reforma del Estatuto que ya tenía catorce años de existencia; también en la reforma de nuestro Reglamento; y abogué, por último, en la reforma de la Cámara Alta, y una vez más por otro viejo desvelo: la búsqueda de fórmulas para que la voz de Castilla y León se oyera en los foros nacionales e internacionales.

En ese contexto, hace apenas diez días, se oyó con toda autoridad y prestigio en Bruselas, en la Mesa del Comité de las Regiones, la voz de Castilla y León, porque el Presidente Lucas sostuvo que ese Comité era el foro adecuado -que no otro- para los importantes debates que deban tener lugar sobre el papel de las regiones con poder legislativo como la nuestra. Excuso advertir a ustedes la satisfacción que produce a este Presidente el que la próxima cumbre de tan importante foro internacional, vaya a tener lugar en nuestra Comunidad y, concretamente, en la ciudad de Salamanca.

El XV Aniversario del Estatuto, en 1998, no podía tener otro marco que el bellísimo Monasterio de Santa Clara de Tordesillas, en el que, precisamente, se habían constituido las Cortes que el Preámbulo del Estatuto dice recuperadas. El hecho de celebrar las bodas de bronce me llevó a recordar aquella auténtica resurrección que tres lustros antes habíamos llevado a cabo en el mismo monasterio ochenta y cuatro Procuradores, así como algunas de las intervenciones memorables de mis predecesores: Dionisio Llamazares y Carlos Sánchez-Reyes.

Pero era necesario seguir evolucionando y proclamé de nuevo, entonces, la necesidad de dotar a la sociedad de Castilla y León de nuevas instituciones que le son necesarias, como el Consejo de Cuentas y el Consejo Consultivo. A la fecha de hoy, ya dije antes que ambas instituciones están prácticamente definidas, integrando así las sugerencias de todos los Grupos y no sólo de los dos mayoritarios en la Cámara.

En mil novecientos noventa y nueve, con ocasión del XVI Aniversario de la promulgación del Estatuto, una de mis preocupaciones fue la proximidad de una convocatoria electoral, y con tal ocasión recordé, hace apenas dos años en este mismo Hemiciclo, la conveniencia de una reforma reglamentaria -que también está en trance de ser pactada- para hacer más ágil el funcionamiento de esta Cámara. Expresé el deseo de que se recuperara el espíritu de consenso al que tantas veces me he venido refiriendo, y la necesidad de que las buenas maneras presidiesen la campaña electoral que se avecinaba. Deseo que ahora vuelvo a expresar con ocasión de las próximas elecciones en el País Vasco, a fin de que puedan celebrarse en paz y libertad, recuperándose la normalidad en la vida política y social de aquel pueblo.

El pasado año, por último, comencé calificando este antiguo patio de armas de angosto escenario. Desde las Claras de Tordesillas, pasando por el castillo de Monzón de Campos, la actividad del Parlamento Regional se ha ido enriqueciendo poco a poco, y el entrañable castillo que aún lo alberga, y que ha sido escenario de los desvelos de las señoras y señores Procuradores, es a todas luces insuficiente.

Si retomo -y me lo permiten- la comparación de la vida de nuestro Estatuto con la de una persona física en la infancia y en la adolescencia, las vestiduras no exigen mucho tamaño, pero el crecimiento demanda una ropa más amplia, y bien saben ustedes que diariamente tenemos que cuidar de no romper las costuras.

Decía el pasado año que ya no era tiempo sólo de mirar a España y al Gobierno de la Nación, sino a Europa y a sus instituciones. Entre ellas al Comité de las Regiones, porque es el posible embrión de un futuro Senado europeo que, no me cabe la menor duda, acabará instituyéndose. Aunque antes -quiero reafirmarlo- sigue existiendo una honda laguna, que sólo se cegará cuando se produzca la necesaria reforma del Senado español. Concluía aquella intervención con mi vieja -por reiterada- apelación al diálogo entre los Grupos para afrontar los apasionantes retos que nos aguardaban.

Y llegados a este punto, parece ocasión de hacer balance, para preguntarnos si el proceso que inició la promulgación del Estatuto ha conducido a los hombres y tierras de Castilla y León -según reza su Preámbulo- hacia metas elevadas de progreso social, económico y cultural. Pero el balance no debemos formularlo aisladamente, sino dentro de la más amplia solidaridad entre todos los pueblos de España que profesamos desde la sanción de la Ley Orgánica.

Se acaban de cumplir los veinte años desde aquella grave agresión a nuestra libertad y democracia, que todos los analistas coinciden en afirmar, salió reforzada. Y han pasado también veinticinco años desde los hechos con los que se inició la transición y, por tanto, la democracia.

Con ello, o con ella, parece innegable que los españoles hemos conquistado las más altas cotas de libertad de nuestra historia: fuimos capaces de archivar nuestras viejas querellas familiares, salvo el terrorismo etarra; redujimos notoriamente las desigualdades sociales, aunque persistan en términos que resultan injustos; y hoy disfrutamos de una posición económica destacada en el concierto internacional, por más que algunos datos macroeconómicos o sus consecuencias no sean las más gratas.

Pero ¿qué ha ocurrido en Castilla y León en estos aspectos social, económico y cultural? Creo que no es momento para hacer un repaso exhaustivo de los logros alcanzados en nuestra Región en los últimos años, pero sí quiero destacar que, desde el punto de vista económico, el futuro parece alentador.

Culturalmente, no hay sino recordar la extraordinaria muestra itinerante y constantemente renovada de arte, música y fondos bibliográficos y documentales de las Diócesis de Castilla y León, conocido en todo el mundo como "Las Edades del Hombre", y que ya prepara su edición zamorana bajo el título de "Remembranza". Otras exposiciones, como las celebradas aquí en Valladolid para conmemorar los centenarios de Felipe II y Carlos V, con sus esplendores medievales en la ciudad de León, han puesto a la Comunidad en primera línea de la actualidad cultural, mientras se impulsa, año tras año, el mayor yacimiento arqueológico antropológico de la humanidad en Atapuerca, y en Salamanca -como decía- se prepara con ilusión la Capitalidad Cultural Europea.

En suma, debemos convenir que el balance es extraordinariamente positivo y, por ser producto del esfuerzo común -no partidista- motivo de orgullo debe ser para todos los castellanos y leoneses y, desde luego, de reconocimiento para quienes lo hicieron posible trabajando en primera fila.

Pues bien, en lo social, sin embargo, hay dos extremos sobre los que deseo poner mi acento: la inexorable despoblación, junto al envejecimiento, constituye uno de los problemas más graves. Es curioso... en curioso contraste, cada año nos visitan más turistas. Quiere decirse que, junto a la necesidad de seguir obteniendo fondos estructurales, la Comunidad debería liderar las zonas geográficas donde es necesario -mejor hoy que mañana- abrirse generosamente a la inmigración, fomentándose una sociedad castellano y leonesa abierta y plural, de la que sólo cabe obtener ventajas sociales, culturales y económicas, según nos enseña nuestra propia historia de antiguas convivencias y mestizajes que están en la mente de todos.

Y junto a ello, continuemos el camino de la inversión y la hospitalidad para nuestro turismo procedente del interior y del exterior, en el que, junto con nuestra riqueza monumental -y basta recordar las formidables sedes históricas que recorrió esta celebración-, podamos blasonar y ofrecer nuestra inmensa riqueza paisajística y medioambiental; ésa que describe y pone en valor en su insigne obra el vallisoletano y español universal Miguel Delibes, para el que creo interpretar el sentir de la Cámara si me sumo desde aquí a la solicitud de concesión del Premio Nobel de Literatura.

Y voy terminando. Como dije en ocasión anterior, el pueblo de Castilla y León espera mucho más de nosotros de lo que le estamos dando, desde este bastión de la voluntad popular que son las Cortes Regionales.

Y hay cuestiones en que, por encima de pacatos intereses de grupo o grupúsculos en los que a veces nos sumimos, hay que poner con grandeza el interés general de castellanos y leoneses. Que nadie pueda recordarnos a Gracián, en este año de su cuarto centenario, de que en nuestros debates, o para justificar nuestra parálisis, aducimos "razones de establo y no de Estado". Ojalá pudiera decirse de todos nosotros los elogios que Costa dedicó al Conde Fundador: "portaestandarte de la independencia, custodio de las libertades, guardador de la ley".

La Comunidad debe ser para nosotros no sólo un compromiso, sino un plebiscito cotidiano -por emplear las gastadas palabras de Renán-, y su Parlamento no tiene por qué ser un palenque en el que celebrar debates espectaculares o dislocados; la mayor parte de nuestras tareas, como las de cualquier Cámara Legislativa del mundo, son burocráticas, aunque útiles; pueden resultar aburridas, pero deben ser eficaces.

Mas basta ya la autocrítica, que es tiempo de esperanza. Debemos congratularnos del ambiente de diálogo renovado que se respira en nuestro Parlamento, ya que como señaló el Papa Juan Pablo II, con ocasión del Año Jubilar y al proclamar a Tomás Moro patrono de gobernantes y políticos, es el diálogo el instrumento indiscutible para superar enfrentamientos y dar pasos hacia delante. Buen ejemplo de ello es la Ley que hoy mismo acabamos de tomar en consideración, regulando la Iniciativa Legislativa Popular, que asegurará la participación de los ciudadanos en nuestra vida política y será un instrumento que enriquezca nuestro sistema democrático, y pronto veremos nuevos frutos con la reforma del Reglamento, la regulación de nuevos órganos de autogobierno, o la aprobación de importantes proyectos legítimos que nos esperan.

Y termino ya. Gracián, nacido hace cuatrocientos años -como he dicho-, en su obra El Héroe, esa que él mismo llamó "brújula de marear a la excelencia, un arte de ser ínclito, con pocas reglas de discreción", desdeña a los imitadores y elogia el descubrimiento de nuevos rumbos. Dice -con razón- que "son multiplicados los caminos que llevan a la singularidad; no todos sendereados. Los más nuevos, aunque arduos, suelen ser atajos para la grandeza". Busquemos, pues, nuevos caminos para nuestra singularidad y nuestra grandeza.

Algunos de los viejos caminos de la patria los hemos transitado ya. Históricamente, cuando llegó la ocasión para Castilla -como ha escrito Julio Valdeón-, "de nuevo se acudió a su arsenal institucional e ideológico, para avanzar en la construcción de un estado unitario de España", pero convengamos en que no todos los caminos están sendereados y se nos ofrecen a la imaginación, el esfuerzo, y el compromiso con esta tierra y sus gentes sanas.

Ha sido un zamorano de Pereruela, Amando de Miguel -quien ha obtenido hace pocos días el Premio Jovellanos-, con un ensayo sobre "Las profecías que no se cumplieron" en el final de siglo, vaticinando que tampoco se cumplirán las profecías favoritas para el tercer milenio, porque el sociólogo sostiene que son disparates. Pero De Miguel añade que "necesitamos expectativas y esperanzas; que luego esto no ocurra, no es motivo de frustración ni causa de abandono. La ilusión de que ocurra cumple una función positiva".

Con esa ilusión, con algunas dosis de utopía, pongo mi esperanza y vaticinio en una Comunidad abierta y plural que ocupe el lugar que le corresponde en la Cámara de representación territorial de España y tenga voz autorizada en ese futuro Senado de Europa. Para ello invito a ustedes al arduo camino del trabajo cotidiano, que convertirá ese difícil sendero en un atajo para alcanzar nuestra grandeza.

Larga vida al Estatuto, y muchas gracias a todos ustedes por su atención.

(Aplausos.)

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS):

Se levanta la sesión. Gracias.

(Se levanta la sesión a las trece horas cuarenta y cinco minutos.)